PRIVACIDAD DEL INVESTIGADO ANTE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Ante el avance tecnológico de nuestra sociedad actual en el que muchos delitos se producen con el uso de la tecnología, el 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la LO 13/2015, de 5 de octubre, esta ley permite que las Fuerzas de Seguridad hagan diligencias que permitan la investigación de determinados delitos, no obstante, el uso de las nuevas tecnologías para el descubrimiento del hecho delicitivo plantea el problema de buscar la solución adecuada que equilibre la garantía de seguridad pública y la protección de la privacidad del investigado, por ello, no podemos obviar que se deben garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, lo cual, incluye a los investigados.

Se debe disponer en qué situaciones serán legítimas estas intromisiones y marcar unos límites en la realización de las diligencias de investigación penal. Los jueces son los que deben proteger el respeto de estas garantías de la persona investigada, asegurándose de que la vulneración de la intimidad es la justa, por tanto, deben cumplir el principio de proporcionalidad y cada medida debe tener establecidas las garantías adecuadas para que el derecho fundamental afectado sea el mínimo posible.

Mi pregunta es ¿se respetan siempre esas garantías? ¿la justicia actúa igual en casos sustancialmente iguales? La respuesta es no, aunque nos quieran hacer creer que la justicia es igual para todos sabemos que no es así, que no siempre se respetan esos derechos y garantías, que cada juez aplica su criterio y esto lleva a sentencias injustas o, por el contrario, absoluciones también injustas, por ello, los abogados estamos obligados a hacer todo lo que sea posible para que se respeten las garantías judiciales, que nuestra obligación es defender los derechos de nuestro cliente y exigir el cumplimiento de un procedimiento justo.

Un proyecto de Lexterna e ImpulseTech para LONARI ABOGADA